Amenazas contra defensores de DDHH en Honduras

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SE DENUNCIAN OPERACIONES DE MILITARES HONDUREÑOS QUE VIOLAN DERECHOS FUNDAMENTALES DE LUCHADORES SOCIALES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS ORGANIZADOS EN EL MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA (MADJ). SE DENUNCIAN COMPORTAMIENTOS QUE VIOLENTAN EL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO, LIBERTAD DE EXPRESIÓN, LA SEGURIDAD PERSONAL Y PONEN EN RIESGO LA VIDA DE MILITANTES DEL MADJ. VIOLACIÓN AL LIBRE EJERCICIO DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN. SE DENUNCIA INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DISPUESTAS POR LA CIDH DESDE 2013. QUE SE INVESTIGUE LA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD, ALLANAMIENTO DE MORADA Y AMENAZAS, ENTRE OTROS. SE EJECUTEN ACCIONES JUDICIALES. QUE SE PROTEJA A LAS VÍCTIMAS.

Fiscalía del Ministerio Público
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH)

EL MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA (MADJ), a través del Área de Asuntos Legales y de Derechos Humanos, organización con presencia en distintas partes del territorio nacional y con sede principal en la 6 calle, 6 avenida noreste, Barrio Barandillas de San Pedro Sula, Cortés, con teléfono 2449-0183 y correo electrónico madjequipolegal@gmail.com, y las personas naturales que abajo suscribimos este documento, comparecemos a plantear, denunciar y solicitar lo siguiente:
a. Denunciar que efectivos del ejército hondureño, en reiteradas ocasiones, durante el 2015 y 2016 vienen desarrollando operaciones que violan derechos fundamentales de Martín Fernández Guzmán, actual Coordinador General del MADJ, beneficiario de medidas cautelares dispuestas por la CIDH desde diciembre de 2013, registradas bajo el número 195/13.
b. Denunciar que miembros del ejército hondureño, supuestamente pertenecientes al Cuarto Batallón de Infantería de La Ceiba, en el departamento de Atlántida, ilegal e ilegítimamente, realizan intervenciones en un inmueble, propiedad privada, ubicado en la comunidad de Agua Caliente, municipio de La Másica, departamento de Atlántida, en el cual desarrolla actividades de formación, reflexión y descanso la militancia del MADJ.
c. Denunciar que desconocidos, a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas, realizan amenazas a miembros del MADJ que desarrolla su trabajo de comunicación y reflexión crítica sobre la realidad del país a través de la radio comunitaria del MADJ, Radio Dignidad, en la comunidad de San Juan Pueblo, municipio de La Másica, departamento de Atlántida, hechos que constituyen una flagrante violación al derecho humano a la libertad de pensamiento, libertad de expresión y al libre ejercicio de un medio de comunicación.
d. Que se desarrolle investigación para determinar si las acciones denunciadas configuran los tipos penales de abuso de autoridad, allanamiento de morada, amenazas u otros delitos.
e. Que se ejerzan las acciones judiciales en contra de los responsables de los delitos y de las violaciones a derechos humanos anteriormente relacionadas y explicadas a continuación.
f. Que se ejerzan y tomen las medidas que por deber le corresponden al Estado y gobierno de Honduras, orientadas a respetar y garantizar los derechos humanos del Coordinador General del MADJ y de los demás miembros de la organización amenazados por los efectivos del ejército y por los desconocidos que se han comunicado a la Radio Dignidad.
Nuestro planteamiento se sostiene en los extremos de hecho y de derecho que a continuación exponemos:

I. Antecedentes contextuales de las situaciones de hecho que motivan la denuncia

a. El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) es una organización del movimiento social hondureño fundada en 2008, luego de finalizada la “Huelga de los Fiscales”, dedicada a la lucha pacífica contra la corrupción y la impunidad, así como a la defensa de los bienes naturales, de los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas.
b. Durante los últimos meses, el MADJ ha presentado varias denuncias para que se investigue, por hechos de corrupción y violación de derechos humanos, a los principales funcionarios del actual gobierno hondureño, incluyendo al presidente del Poder Ejecutivo. De igual manera, ha intervenido activamente en varios procesos de participación y ejercicio de soberanía comunitaria que han concluido en declaratorias de territorios libres de mercantilización de sus bienes naturales, en oposición a la política del gobierno de concesionar ríos, minerales y bosques para que lo exploten empresas privadas. El MADJ también ha revitalizado su participación en misiones internacionales para denunciar las violaciones de derechos humanos que sufren muchas personas y comunidades en Honduras.
c. El MADJ, a través de los Abogados Martín y Víctor Fernández Guzmán, en el año 2015, en representación de la Junta Administradora de Agua Potable de la comunidad de San Francisco, departamento de Atlántida, radicó e impulso ante la Corte de Apelaciones de La Ceiba, Acción de Amparo en contra del jefe y comandante del Cuarto Batallón de Infantería. El amparo se interpuso por el hecho que el mencionado jefe castrense, haciendo uso ilegítimo de la fuerza militar, impedía a las juntas administradoras de agua potable del municipio de San Francisco, hacer uso del derecho real de servidumbre de tránsito y acueducto que voluntariamente y con legitimación de la Corporación Municipal de San Francisco, Atlántida, han ejercido durante muchas décadas.
d. El Coordinador del MADJ en el departamento de Atlántida, Wilmer Alexander Ramos, en los últimos meses, ha sido víctima de amenazas, agresiones físicas y verbales, privación de libertad, robo y otros comportamientos delictivos. Estas acciones son ejecutadas por personas que pretenden limitar el trabajo que hace el MADJ en ese departamento. Además, todos estos hechos han sido denunciados ante las autoridades locales y a pesar de ello los agresores gozan de absoluta impunidad.
e. Actualmente, el coordinador General del MADJ, Martín Fernández Guzmán, desarrolla un intenso activismo como luchador social y defensor de Derechos Humanos en varias partes del país, con mayor énfasis en el departamento de Atlántida. Producto de su trabajo solidario, ha sido objeto de múltiples agresiones provenientes de particulares y de funcionarios estatales; este extremo se puede constatar a través de múltiples denuncias interpuestas en distintas fiscalías y otras oficinas estatales.
f. Por la situación de riesgo real en el que Martín Fernández y varios líderes y lideresas sociales desarrollan su labor como luchadores sociales en el departamento de Atlántida, en diciembre de 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de la Medidas Cautelares 195/13, le solicitó al Estado de Honduras que protegiera su vida y demás derechos que le asisten como persona y como luchador social. La petición de la CIDH, a pesar de la insistente gestión del MADJ, ha sido incumplida por el gobierno hondureño.
g. Los hechos que se describen en este documento, oportunamente fueron puestos en conocimiento de la oficina estatal, específicamente de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad, responsable de proteger los derechos de los beneficiarios de medidas cautelares dispuestas por la CIDH, sin embargo, desde esa oficina no se atendió la petición de intervención que oportunamente se le instó.
h. Según informes de organismos defensores de derechos humanos, de 2009 a la fecha, 17 personas beneficiarias de medidas cautelares dispuestas por la CIDH han perdido la vida violentamente, entre ellas Berta Isabel Cáceres Flores el pasado 03 de marzo de 2016. Este contexto plantea, obviamente, una altísima situación de riesgo para la vida y demás derechos humanos de los militantes del MADJ, entre ellos nuestro Coordinador General Martín Fernández Guzmán, lo que impone y nos permite solicitar acciones inmediatas por parte del gobierno y Estado de Honduras, orientadas a respetar y garantizar los derechos humanos de las víctimas identificadas en este documento.
i. Recientemente, el 26 de abril de 2016, DENUNCIA. Un agente del Comando de Operaciones Especiales (Cobras), asignado al cuartel en Tegucigalpa, se comunicó a Zona Informativa, una revista informativa de la Radio Progreso, para denunciar que varios de los agentes policiales asignados al departamento de Atlántida están involucrados en las bandas de narcotraficantes, extorsionadores y que delinquen en esta zona del país. El agente mencionó que un comisario de apellido Gonzales asignado a La Ceiba, encabeza una banda de extorsión, otro oficial clase 3 asignado a San Juan Pueblo de apellido Laínez participa en bandas criminales. Y que un investigador que está asignado al municipio de San Francisco también lidera una banda de narcotráfico que tiene control del departamento generando inseguridad. El oficial lamentó que ninguno de los señalados está siendo investigado por la Comisión Depuradora nombrada por el gobierno. Esta denuncia confirma la vulnerabilidad e indefensión en la que la militancia del MADJ y el Coordinador General realizan su labor como defensor de Derechos Humanos y luchador social.

II. Hechos concretos

Primero: Durante 2015, entre 6 a 8 elementos militares del asentamiento apostado en el municipio de La Masica, han ingresado en reiteradas ocasiones, sin orden judicial o autorización alguna, a los predios de la finca conocida como “Torogoces”, utilizada para los procesos de capacitación, reflexión y descanso por parte de la militancia del MADJ, de otras organizaciones y de personas particulares. Los militares se mantienen en el terreno, realizan vigilancia e intimidan a quienes se encuentran en el lugar. La Finca está ubicada en la comunidad de Agua Caliente, municipio de La Másica, departamento de Atlántida y es propiedad privada del Coordinador General del MADJ y de su familia.
Segundo: El veintinueve (29) de marzo de dos mil dieciséis (2016), siendo las dos pasado meridiano en la misma finca “Torogoces”, en el marco del desarrollo del proceso formativo del MADJ denominado “Caravana por el Buen Vivir” en la que participan personas de distintas nacionalidades, hubo un desplazamiento masivo de militares. En dicha acción ingresaron arbitrariamente y sin autorización, por diferentes puntos de la finca, aproximadamente 50 miembros del ejército, sitiando de este modo la zona. Al momento del ingreso a la propiedad, un empleado de la finca salió al paso de los militares, manifestándoles que “esa es propiedad privada, que pertenece al Abogado Martín Fernández Guzmán y que no tenían nada que hacer ahí”. Los militares, lejos de retirarse y explicar sobre las razones de su penetración al inmueble, filmaron videos dentro de la finca y forzaron entrevistas a los presentes.
Mientras los elementos militares se encontraban en la finca sobrevoló, a baja altura, un helicóptero militar, generando alarma y temor entre los participantes de la “Caravana Por el Buen Vivir.” De igual forma, momentos antes del ingreso de la totalidad de efectivos a la finca, algunos de ellos interceptaron a dos de los participantes de la caravana, de nacionalidad mexicana y estadounidense, a los cuales se les filmó e inquirió con un interrogatorio extenso sobre quiénes eran, de dónde venían, qué andaban haciendo en dicho lugar, entre muchas otras preguntas. Los interrogados lograron registrar el apellido de un solo elemento militar: Pérez, el resto tenían cubiertas sus identificaciones con indumentarias y chalecos antibalas.
Los elementos militares se mantuvieron aproximadamente dos horas dentro de la finca, hasta que decidieron desplazarse del lugar alrededor de las cuatro de la tarde.
Tercero: El jueves siete (7) de abril de dos mil dieciséis (2016), entre la una y las tres de la tarde, nuevamente, un grupo de militares ingresaron con vehículo, sin autorización, a la finca “Torogoces”, intentaron registrar un vehículo de la familia del Coordinador General del MADJ e intimidaron a los presentes. Esta vez tampoco se logró identificar a los elementos que allanaron la finca, porque de igual forma andaban cubiertas las placas que debe identificarles.
Cuarto: El día jueves catorce (14) de abril de dos mil dieciséis (2016), mientras se realizaba el programa crítico de noticias “La Tertulia de la Tarde” que se transmite por “Radio Dignidad” en un horario de 6:30 a 7:30 pm. y del cual es presentador el Coordinador General del MADJ, en plena transmisión del programa recibió, en su teléfono personal, varios mensajes de texto provenientes de distintos números telefónicos, entre los que figuraban el 9535-8384, 9694-1758, por medio de los cuales se amenaza a Fernández Guzmán, con mensajes como el que a continuación se transcribe: “Lee los mensajes, no seas cagado, solo lees lo que te conviene ¿verdad pendejo? La radio no los va salvar majes por hablar tanta mierda”. Dichas amenazas surgen por abordar de forma crítica dentro del programa temas como la secretividad de las diligencias investigativas en el caso del asesinato de la líder indígena y luchadora social Berta Cáceres Flores, sobre la audiencia de trabajo en el caso de las medidas cautelares dictadas por la CIDH para el COPINH, la familia de Berta Cáceres y el equipo de abogados que les representa, la concesión del Río Zapote, los actos de corrupción dentro del gobierno, el caso Rafael Callejas y Alfredo Hawit por aceptar sobornos para la venta de derechos de transmisión siendo presidente de la FENAFUTH y CONCACAF respectivamente, entre otros asuntos que se debaten en el desarrollo del programa.
Cabe mencionar que, en semanas anteriores también se recibieron llamadas al aire en la Radio Dignidad, en la que se dirigieron de forma descalificativa, intimidante y amenazante hacía quienes dirigían el programa “La Tertulia de la Tarde”, entre ellos el joven militante del MADJ Luis Miguel Ramos y el Coordinador General del MADJ.

Legitima preocupación de quienes denunciamos:
El contexto en el que se desarrollan los hechos que ahora denunciamos y los altos niveles de persecución, criminalización y asesinato de liderazgos sociales críticos al actual sistema político y económico, nos permite considerar la posibilidad que las acciones de los militares y desconocidos que llaman a Radio Dignidad para amenazar, no son aisladas y podrían ser parte de un plan que, además de las ya consumadas violaciones a derechos humanos, también podría incluir atentados contra la vida del Coordinador General y de los demás militantes de la organización.
Según el modo de proceder de militares violadores de derechos humanos, en otros casos, los comportamientos que ahora denunciamos constituyen actos de intimidación de personas con la consecuente humillación humana que provoca. También se trata de actividades de reconocimiento y mapeo de lugares y edificaciones que normalmente son seguidas de acciones criminales como atentados, voladuras de obras de infraestructura, y también la consumación de asesinatos.

III. Algunos preceptos jurídicos penales aplicables

Los comportamientos descritos en el apartado de hechos, constituyen flagrantes violaciones de derechos humanos ejecutadas y consentidas por funcionarios del Estado hondureño y podrían enmarcarse dentro de los siguientes tipos penales:
Artículo 349. Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que:
1)…
2) Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la república o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos.

Artículo 203. El agente de la autoridad, funcionario o empleado público que allane una casa sin cumplir los requisitos prescritos por la ley, será sancionado con dos (2) a cinco (5) años de reclusión e inhabilitación especial durante un tiempo igual al doble del aplicado a la reclusión.

Artículo 207. El particular que amenazare a otro con causar un mal a él o a su familia, en su persona, honra o propiedad, sea que constituya delito o no, será sancionado con reclusión de seis (6) meses a dos (2) años, y además, a las medidas de seguridad que el Juez determine.

IV. Petición

Al CONADEH y a La Fiscalía del Ministerio Público Solicitamos:

a) Se admita el presente escrito de denuncia junto con los documentos que se acompañan;

b) Instruir y concretar la investigación correspondiente hasta lograr la sanción de los responsables de los hechos delictivos denunciados y permitiendo en todo momento la partición activa e informada de las víctimas en los procesos y diligencias investigativa.
Las diligencias investigativas deberán ser orientadas a deducir las responsabilidades y determinar el grado de participación que pudieron tener en la realización de los ilícitos denunciados las siguientes personas:

ü El Comandante del Cuarto Batallón de Infantería de La Ceiba;
ü El jefe local de La Policía de La Másica, Atlántida;
ü El jefe de la Fuerza Aérea en la zona;
ü Los funcionarios del gobierno central y de varias municipalidades del departamento de Atlántida a quienes pudieran incomodar las acciones del MADJ, del Coordinador General, y de los militantes de la organización y la misma Radio Dignidad;
ü Las sociedades mercantiles beneficiarias o que pretenden ser beneficiadas de concesiones mineras y de aguas nacionales para generar energía en el departamento de Atlántida, a los cuales el MADJ les ha plantado rigurosa y sostenida oposición;
ü Particulares que individualmente o como parte de un plan que involucra a funcionarios de gobierno, policía, militares y empresarios de la minería y de la generación de energía, pudieran estar interesados en hacer daño al MADJ, al Coordinador General, a militantes del MADJ y a la misma Radio Dignidad; y,
ü Determinar la responsabilidad penal en la que podrían estar incurriendo los funcionarios de gobierno que no han cumplido con la petición de la CIDH, contenida en las medidas cautelares registradas con el número 195/13

c) Establecer un mecanismo inmediato para evitar que se repitan los arbitrarios comportamientos desarrollados por los miembros del ejército hondureño en contra del MADJ, su Coordinador General y su militancia.

d) Establecer un mecanismo de protección para las víctimas, incluyendo a Radio Dignidad, a Martín Fernández Guzmán y a la militancia del MADJ amenazada por el ejército hondureño y por particulares hasta ahora no identificados.
San Pedro Sula, Cortés. 27 de abril de 2016