Berta Cáceres, un año exigiendo justicia sin resultados

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Fernando Silva – Periodista de RDS Radio, Honduras

Después de un año sin resultados concretos, miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) marcharon este miércoles para exigir el esclarecimiento por parte de las autoridades en relación a los hechos de la noche del 2 de marzo del 2016, cuando un grupo de sicarios entraron a la casa de la líder indígena Berta Cáceres, y la asesinaron.

La protesta, que contó con la presencia de miembros de la comunidad Garífuna, Tolupan, Lenca y de otras etnias de Honduras; partió desde las instalaciones del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (Stibys) dirigiéndose hacia la Corte Suprema de Justicia para presentar un recurso de inconstitucionalidad para exigir la cancelación inmediata del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”.

Además, Berta Zúniga Cáceres, hija de la líder indígena, mencionó que no solo se han tenido que enfrentar al asesinato de Cáceres, también se han tenido que “enfrentar a todo el sistema de impunidad que entabla el Estado hondureño para conocer la verdad.”

Diversos sectores de la sociedad civil gritaron al unísono consignas en homenaje a Berta Cáceres, quien fue condecorada en vida como premio Goldman, el también llamado Nobel Verde y que, según Lilian Pérez, estudiante de la carrera de sociología Berta “dejo a las nuevas generaciones una pauta nueva de hacer resistencia”.

Mirian Miranda, Tomas Gómez, familiares de Berta Cáceres y otros líderes de las comunidades indígenas acompañados de cientos de personas llegaron a los alrededores de la “Corte Suprema de Injusticia” como le llamaron durante la movilización, donde les esperaba un fuerte contingente policial que resguardaba las instalaciones del poder judicial.

Víctor Fernández, abogado del Copinh, explicó el recurso de inconstitucionalidad que se presentó en la Corte Suprema de Justicia y que solicita la anulación de los decretos 67 y 68 del 2011 que convierte en ley la concesión de las aguas del rio Gualcarque a la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) y que estarían violando el convenio número 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas.

Por el crimen de Berta Cáceres guardan prisión 8 personas, entre ellos un ejecutivo de la empresa antes mencionada y varios efectivos militares fuera de servicio y otros en activo; pero organizaciones nacionales e internacionales siguen exigiendo la captura de los verdaderos actores intelectuales de este hecho que, presuntamente, en la actualidad estarían ostentando altos cargos en la administración del estado.

Global Witness presentó al inicio de este año un informe en el que se señala a Honduras como el país más peligroso para defender el planeta a raíz del alrededor de 120 líderes indígenas que han sido asesinados desde el 2009.